Por Tairis Montano Ajete
Durante mucho tiempo, la justicia ha sido un espacio donde los niños, niñas y adolescentes eran vistos como objetos de protección y no como sujetos de derecho. Se les cuidaba, sí, pero rara vez se les escuchaba. Hoy, la legislación cubana —con el Código de las Familias (Ley 156/2022) y el Código de la Niñez, las Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025)— rompe con esa visión y reconoce el principio de autonomía progresiva: el derecho de los menores a participar en las decisiones que los afectan, según su edad, madurez y capacidad de comprensión.
No se trata de dar el mismo peso a la opinión de un niño de 5 años y a la de un adolescente de 15, sino de reconocer que ambos tienen derecho a ser escuchados. La justicia que ignora su voz se convierte en una justicia incompleta, porque deja fuera a quienes viven en primera persona las consecuencias de la violencia familiar, el abuso o los conflictos de divorcio.
La Fiscalía ha asumido un rol clave: entrevistas en espacios adecuados, acompañamiento psicológico, explicación sencilla de los procesos y protección contra la revictimización. Escuchar no es un trámite, es un acto de respeto y de garantía de derechos.
¿Por qué importa tanto este principio? Porque los niños no son “menores” en el sentido de ser menos, sino ciudadanos en formación, con voz propia y con capacidad de aportar a decisiones más justas. Ignorarlos es una forma de violencia silenciosa que perpetúa la idea de que su opinión no cuenta.
En Sandino la fiscalía municipal cuida de la autonomía progresiva del menor y nos recuerda que una justicia verdadera no solo protege, sino que también escucha. Y escuchar a los niños es escuchar el futuro.
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