El procedimiento establece nueve etapas obligatorias para regular las contrataciones con actores económicos no estatales
Por Tairis Montano Ajete
El flujograma actualizado que norma el proceso de licitación en las entidades estatales ya se encuentra disponible, con el propósito de garantizar mayor control, transparencia y rigor jurídico en las contrataciones económicas.
El especialista principal del Grupo Sandino de la Empresa Provincial de Asuntos Legales, Pedro Hortelás Valdés, informó que el procedimiento, emitido por el Ministerio de Economía y Planificación, establece nueve etapas obligatorias para regular las contrataciones con actores económicos no estatales.
El documento precisa que la licitación es obligatoria cuando la contratación permita a actores económicos no estatales gestionar, explotar u obtener beneficios mediante el uso de activos estatales, así como en casos de exclusividad por un año o más o cuando se comprometa más del 50% de la actividad de la entidad. En ausencia de estas condiciones, procede la contratación directa.
El proceso se estructura en nueve etapas, que abarcan desde la preparación inicial hasta la conservación del expediente. Entre los pasos esenciales se encuentran la definición del objeto de la licitación, la aprobación del proceso por el órgano colegiado, la conformación de la Comisión de Licitación y la elaboración del pliego, documento que fija las condiciones esenciales del procedimiento y que no pueden modificarse una vez publicado.
Tras la convocatoria, los oferentes presentan sus propuestas en sobres sellados, los cuales se abren ante notario público para garantizar la integridad del proceso. Luego, la Comisión evalúa las ofertas según criterios técnicos, económicos y financieros, y emite un informe donde fundamenta la adjudicación.
El flujograma también detalla los mecanismos de impugnación disponibles para los oferentes no seleccionados, incluyendo solicitudes de aclaración y recursos de reforma, que deben resolverse en plazos estrictamente establecidos. Una vez firme la decisión en vía administrativa, los interesados pueden acudir a la vía judicial si lo consideran pertinente.
La última etapa comprende la formalización del contrato con el adjudicatario y el archivo del expediente completo, que deberá conservarse durante cinco años para efectos de auditoría y control.
Según destacó Hortelas Valdés, la correcta aplicación de este procedimiento “refuerza la transparencia, la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones en los procesos de contratación que involucran activos estatales”.
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