Las sanciones impuestas transitarán desde amonestaciones a multas, o la retirada de las licencias otorgadas para el ejercicio del negocio por cuenta propia
Como complemento a la aplicación de los topes de precios para el transporte y la venta de líquidos nacionales e importados en el sector no estatal, la Dirección Provincial de Finanzas y Precios y otros centros especializados crearon en el territorio dos grupos de trabajo, con la función de hacer cumplir las nuevas normativas.
Ambos están diferenciados por los objetivos determinados para su labor, de modo que existe el de monitoreo, encargado de muestrear el comportamiento de la medida en diferentes establecimientos e integrado por representantes de dicha entidad, especialistas de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), el grupo estatal de comercio y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Por otra parte, se conformó el de enfrentamiento, compuesto por profesionales de la DIS y encargado de garantizar la correcta puesta en práctica de estas disposiciones.
Vladimir Puebla Gutiérrez, funcionario de la subdirección de inspección y precios de dicha entidad, afirmó que “las sanciones impuestas a centros e individuos que incumplan con lo establecido por el Consejo de la Administración Provincial (CAP) respecto a los costes, transitarán desde amonestaciones a multas y en casos reiterativos de indisciplinas, podrán ser retiradas las licencias otorgadas para el ejercicio del negocio por cuenta propia”.
El administrativo declaró además que estas normas tienen carácter transitorio, en cuanto los CAP de cada territorio cuentan con autoridad para modificarlas según las necesidades del mismo y los estudios realizados por las autoridades competentes.
Producto de este accionar autónomo de los CAP, Puebla Gutiérrez añadió que pudieran existir diferencias entre los precios establecidos en Pinar del Río y los fijados en otras provincias, puesto que responden a los esfuerzos por mantener el balance macroeconómico en todo el país.
Los estudios realizados antes de la aplicación de las medidas, comenzaron desde el 1 de junio pasado por orientación del Ministerio de Finanzas y Precios, en respaldo a la protección de los salarios reales de los trabajadores de los diferentes sectores, que se verían afectados por un aumento descontrolado de los precios de los productos.
