Cuba amplía derechos, transforma la estructura de su Estado en función de atender mejor a los reclamos ciudadanos y adapta su legislación a los cambios que en la última década han tenido lugar en la economía del país para ajustarla al difícil escenario internacional en que debe desempeñarse
Cuba amplía derechos, transforma la estructura de su Estado en función de atender mejor a los reclamos ciudadanos y adapta su legislación a los cambios que en la última década han tenido lugar en la economía del país para ajustarla al difícil escenario internacional en que debe desempeñarse. Desde el 13 de agosto rinde homenaje a Fidel con un debate popular en el que todo el pueblo es constituyente, a partir de un proyecto que ya tuvo en su Asamblea Nacional un sustancioso debate.
El análisis que la Asamblea Nacional del Poder Popular realizó del anteproyecto de Constitución que se somete al criterio de la ciudadanía tuvo uno de sus momentos más intensos alrededor de si se debe o no explicitar en la Carta Magna la responsabilidad del Estado, que se define como socialista y tendrá como martiana «Ley primera de nuestra república, el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre», en limitar la concentración de la riqueza.
Lo primero que habría que recordar es que tal límite emergió como consenso en los amplios debates realizados entre millones de cubanos sobre los Lineamientos para el desarrollo económico y social que aprobaron el 6to. y el 7mo. congresos del Partido Comunista de Cuba y de la Conceptualización del Modelo Económico y Social, en cuya versión inicial no estaba y que su inclusión fue resultado de un reclamo de las bases y de varios delegados que lo propusieron.
Las respuestas que pude escuchar desde la Comisión redactora –que dicho sea de paso, hizo un excelente trabajo ya sea por la exposición del Secretario del Consejo de Estado como por el anteproyecto que lograron presentar– a quienes en la Asamblea Nacional se pronunciaron por que en la nueva Constitución, que reconoce la propiedad privada y limita su concentración, se limite también la concentración de la riqueza, esbozaron argumentos que dieron la impresión de confundir acumulación con concentración. Ocurrió así cuando se respondió con el ejemplo de deportistas o músicos que ganan altas sumas de dinero con su talento, acumulando riqueza, pero que no la concentran porque no se la quitan a nadie, más bien la aportan al país al generalmente traerla a este como producto de su trabajo en el exterior.
Concentrar supone un proceso en que algo se desplaza de varios lugares hacia uno solo o hacia unos pocos desde muchos otros. Desde la Economía Política más elemental se sabe que la contradicción entre la cada vez mayor socialización del trabajo y la cada vez mayor concentración del capital (riqueza) que se crea con él es la dinámica de funcionamiento del capitalismo y una sociedad que se pretende alternativa a este no debería limitar la acumulación de riquezas, pero sí su concentración porque se supone que en ese proceso de concentración alguien (muchos) pierde y el socialismo debe ser una sociedad sin perdedores, y para ello resulta esencial el papel del Estado y sus políticas como redistribuidores de la riqueza creada por todos los actores económicos, incluyendo los de propiedad privada, sin caer en el paternalismo y el igualitarismo que ya sabemos por experiencia propia el daño y las deformaciones que producen.
En un mundo donde el problema es gravísimo y ha llevado a que solo ocho personas posean más riquezas que la mitad más pobre del planeta, y en América Latina solo 32 individuos concentren tanta riqueza como 300 millones de habitantes de toda la región, son cada vez más los que abogan por limitar eso y no son comunistas ni socialistas. Para la organización Oxfam, la concentración es tan alta porque ha contado con políticas públicas que la han beneficiado en el sistema financiero, no solo en la adquisición de propiedades.
Algunas interpretaciones, ¿casualmente?, desde los mismos lugares que suelen condenar a priori por prejuicios ideológicos cada actuación del Gobierno cubano, han buscado en prejuicios hacia la empresa privada –reconocida en el proyecto de Constitución– la causa de tal límite. Pero no tiene por qué ser necesariamente así.
Si bien aún no se han emitido las disposiciones legales para la pequeña y mediana empresas de capital privado no se pueden interpretar las recientes regulaciones dadas a la luz en ese tema como un rechazo definitivo a esta, sino como una adaptación a la vigencia temporal de distorsiones del actual entorno económico cubano –dualidad cambiaria, subsidios numerosos y aparato fiscal deficiente– que dan a algunos empresarios privados un margen de ganancias muy superior no solo al de cualquier empresa estatal cubana, sino a las de sus similares en cualquier emprendimiento de igual orden en otros países. Solo eso explicaría el flujo de «inversiones» desde el exterior hacia ese sector en busca de tasas de rentabilidad que no pueden obtener en el capitalismo de libre empresa existente en Miami y que llevó a afirmar a alguien tan lejano al socialismo cubano como el diario español El País que «el grueso de los 11 millones de cubanos ve nacer una burguesía duty free». No hay que ser sabio ni adivino para suponer que una vez superadas esas distorsiones –dualidad cambiaria y subsidios generalizados a productos y servicios y no a personas– y mejorado el sistema fiscal, estarían creadas las condiciones para avanzar en la implementación del reconocimiento a la pequeña y mediana empresas privadas que establece la Constitución.
Pero no necesariamente la alerta contra la concentración de la riqueza en la Constitución actuaría únicamente en el marco de la empresa privada, creo que debe ser un principio cardinal de la gestión estatal y de la empresa socialista. Por ver necesario limitar únicamente la concentración de la propiedad y ver la «riqueza» solo como grandes fortunas, al proceder a la creación de más de 20 000 Agentes de Telecomunicaciones no se pensó en beneficiar a madres solteras, ancianos que viven solos y otras personas en desventaja con un empleo sencillo, de fácil operación y relativamente buenos ingresos, sino que de esta posibilidad sacó ventajas el mejor postor y en no pocas ocasiones el dueño de un negocio ya próspero –cafetería, venta de discos, etc.–, o los familiares de los trabajadores de la empresa estatal con el salario promedio más alto del país, ahora también venden tarjetas prepagadas junto a la vivienda de una persona desvalida que pudiera beneficiarse de un empleo digno, adecuado a sus limitaciones y que ayudaría hoy al esfuerzo que hace el Estado al destinar recursos para protegerlos a ellos mismos y que pudieran beneficiar mejor a más cubanos.
Tal hecho avala otro aspecto que debería recoger la Constitución, relacionado con el enfoque social de la empresa estatal que no debe ser socialista solo porque su nombre lo indique. No podría llamarse socialista una entidad que lejos de trabajar por reducir la inequidad la multiplicara con su gestión, o que explote a cubanos en desventaja social, estimulando que pongan en peligro su salud y la de la comunidad.
Las respuestas técnicas a aspectos que son también políticos o éticos no satisfacen totalmente en un país como Cuba, educado por Fidel durante más de 50 años. El pueblo que discute una Constitución que asume el ideario de Martí y Fidel seguramente tendrá presente algo que en fecha tan temprana como enero de 1959 planteaba el líder de la Revolución Cubana: «Las leyes de la Revolución son, fundamentalmente, principios morales».
Un aspecto tan importante como la eliminación de la discriminación hacia las personas no heterosexuales en el derecho al matrimonio, tuvo consenso en el debate de la Asamblea y por ello solo hay que sentirse orgulloso de la madurez que ha alcanzado nuestra sociedad en ese orden, y de la profundidad y solidez de los argumentos que se ofrecieron a favor de esa decisión humanista que seguramente contribuirán a su comprensión entre sectores mayoritarios de nuestro país y ojalá también a convencer a aquellos que han manifestado su oposición.
«Nadie sabe qué cosa es el comunismo», pero seguro incluye el fin de todas las discriminaciones. El debate de este proyecto de Constitución persigue defender un país que esté en las antípodas del capitalismo, que de ese sí se sabe demasiado, tanto como para tratar de alejarlo lo más posible de nuestro futuro, conociendo que señorea en el mundo contemporáneo y que es imprescindible contar con esa realidad para nuestro desarrollo.