La prioridad del sistema empresarial cubano tiene que ser el mercado interno, insiste Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en encuentro con empresarios
Un nuevo intercambio con ejecutivos del sistema empresarial estatal sostuvo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, donde se analizó la implantación de la Tarea Ordenamiento desde un enfoque empresarial, y los resultados de las medidas para fortalecer a esas entidades.
La empresa estatal, como actor primordial de la economía cubana, es sin dudas la mayoritaria fuente de riqueza, bienestar y prosperidad de nuestra sociedad, por lo que ha sido objeto de los principales cambios y medidas económicas y organizativas en la última etapa, como debe ser para el operador de los medios fundamentales de producción y servicios en el socialismo, de los que es dueño el pueblo.
A pesar de la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de EE.UU. contra Cuba, de las 243 medidas impuestas por la administración Trump y que su sucesor Joseph Biden mantiene intactas, y a pesar de los efectos de la pandemia de COVID-19, los frutos de esas transformaciones, sin embargo, distan de lo que se espera.
La empresa estatal socialista ha sido objeto de las principales transformaciones de políticas y medidas, pero en muchas de ellas no se acaba de asumir —por directivos y trabajadores— que también son los principales sujetos de esos cambios.
El hecho fue abordado críticamente por el presidente Miguel Díaz-Canel; por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, y por el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación.
El intercambio también estuvo encabezado por Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República, y Joel Queipo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Económico. Asistió el vice primer ministro Ricardo Cabrisas Ruiz, varias ministras y ministros y otras autoridades.
LOS CAMBIOS NO HAN SIDO POCOS
El eje del encuentro fue una presentación del compañero Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, quien señaló que en los meses transcurridos de la Tarea Ordenamiento los cambios no han sido pocos.
En el período —explicó— se han adoptado más de 250 decisiones y se han emitido o modificado 145 normas jurídicas como parte del seguimiento a la Tarea. Se incluyen medidas vinculadas a procesos de ajustes y rectificación de problemas de diseño y de implantación de esta, y para enfrentar desviaciones derivadas del difícil contexto económico provocado por la agudización del bloqueo y por la pandemia.
Al explicar los resultados de la Tarea Ordenamiento en el sistema empresarial hasta junio pasado —algunos análisis abarcaron también hasta agosto—, informó, entre otros datos, que 488 empresas reportaron pérdidas.
El 82 por ciento se concentran en el sector agropecuario, en el grupo Azucarero (AZCUBA), en comercios provinciales, en empresas subordinas a gobiernos territoriales, en el grupo empresarial Sideromecánico (GESIME) y en el grupo empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA).
Murillo Jorge comentó que uno de los problemas fundamentales en la implantación de la Tarea ha sido la inflación, muy por encima de la diseñada, lo que ha provocado que la principal queja de la población sobre la medida aplicada a partir del 1ro de enero pasado sea la relación salario/precios.
El análisis del Jefe de la Comisión de Implementación fue seguido por el descargo de algunos jefes de organizaciones empresariales, a propósito de un «detalle» nada mínimo: entre «perdedoras» y «ganadoras» (que son mayoría en las que operaron en el período), hay no pocas empresas similares. ¿Entonces, por qué unas sí tienen utilidades y otras parecidas no?
LA ESENCIA ESTÁ EN EL MERCADO NACIONAL
A propósito de los resultados positivos (utilidades mediante) de la Industria Cubana del Mueble, que ha sido capaz de fabricar buena parte del mobiliario que demandan las instalaciones del Turismo —previo financiamiento de este sector—, el Presidente recalcó la necesidad de elaborar surtidos de este tipo para la población y su venta en pesos cubanos (CUP).
Los ingresos en moneda libremente convertible (MLC) que recibe esta industria para reaprovisionarse deben servir también para hacer las producciones más disímiles con destino al mercado nacional, lo que requiere aprovechar hasta los subproductos que hay en la entidad.
Exponiendo un concepto general para todo el sistema empresarial estatal, Díaz-Canel señaló que «no pueden perderse las esencias». Las medidas adoptadas para que la empresa socialista disponga de más divisas, incluyendo lo que vende en MLC en el mercado nacional, son para que proporcione más bienes y servicios a la población, aclaró.
El Jefe de Estado manifestó su convencimiento de que puede tenerse rentabilidad y satisfacer la demanda de la población. Tenemos que pensar en el futuro y también en el presente, y reordenarnos para producir más para el mercado en moneda nacional, sentenció.
Abundando aún más en su tesis, indicó que exportar es una necesidad, pero hay que verlo como una vía para adquirir divisas con el criterio de que es una fuente para incrementar la producción nacional para el mercado interno.
Estas empresas deben, a la vez, ser capaces de impulsar encadenamientos productivos al interior de la economía para sustituir importaciones.
Esto, sin embargo —continuó—, requiere que en nuestras empresas prime la innovación. La fortaleza del socialismo está en la empresa estatal socialista, y tenemos que ser los que sienten la pauta, tenemos que ser inspiradores.
¿Quién genera más empleo en nuestro sistema? La empresa estatal. ¿Quién hace las mayores inversiones? La empresa estatal. Entonces, tenemos que hacer más investigación, más desarrollo; tenemos que ser más innovadores.
Y la principal innovación que necesita la empresa estatal socialista es una innovación organizacional. Y todo esto —agregó— está en los documentos rectores de la nación; está en la Constitución de la República, porque la empresa estatal socialista es parte de nuestro sistema político.
HACER LAS COSAS DE FORMA DIFERENTE
«Necesitamos estremecer el sector empresarial estatal», señaló el Jefe del Gobierno de la República, Manuel Marrero Cruz, referenciando el Informe Central presentado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el discurso de clausura del Primer Secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba.
El Premier subrayó que las medidas tomadas para darle más autonomía y otras muchas flexibilidades en la toma de decisiones, ha dotado a la empresa estatal —a sus ejecutivos y trabajadores— de elementos suficientes para avanzar, pero la respuesta aún no alcanza la velocidad que se necesita.
El sistema empresarial está dotado de herramientas suficientes para hacer profundas transformaciones, sin embargo, muchas decisiones adoptadas no se están aplicando, reconoció. Necesitamos —expuso— hacer las cosas de manera diferente, y también darle más protagonismo a las trabajadoras y trabajadores en estos cambios, escucharlos más, pero no estamos creando esos espacios, seguimos con la burocracia, con los viejos métodos.
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA LO DICE
En las conclusiones del encuentro, el Primer Secretario ubicó la reunión de este sábado con el empresariado como otro paso en el objetivo de seguir transformando, consolidando y fortaleciendo el sistema empresarial estatal como principal agente en la economía socialista.
Potenciar su papel como actor fundamental es una obligación constitucional, reflexionó el mandatario leyendo y comentando cuatro artículos de la Carta Magna que establecen pautas sobre el funcionamiento de la economía nacional, el régimen de propiedad, la participación de los trabajadores, el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, y el sujeto económico principal.
Sobre el Artículo 18 de la Constitución de la República, que establece que en Cuba «rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal», recordó que quienes representan al pueblo en la administración de estos medios fundamentales son las empresas estatales. Este artículo tenemos que interiorizarlo, buscar y asumir la connotación que tiene y significa, subrayó.
Con respecto al Artículo 20, donde se señala que los «trabajadores participan en los procesos de planificación, regulación, gestión y control de la economía» y la ley «regula la participación de los colectivos laborales en la administración y gestión de las entidades empresariales estatales y unidades presupuestadas», señaló que para que haya participación democrática y aportes —que mucho se necesitan—, hay que generar espacios de debate suficientes donde las trabajadoras y trabajadores puedan emitir criterios, propuestas, insatisfacciones.
Después que se creen esos espacios —explicó Díaz-Canel— debemos crear otros que permitan implementar lo que se ha discutido, que no pueden ser solo las decisiones administrativas, sino también la concientización de los trabajadores de que hay que realizar lo acordado entre todos, y el rol que cada cual tiene en su cumplimiento.
Una tercera condición para cumplir con la gestión participativa en una empresa —añadió el Primer Secretario— es que en estos procesos tiene que haber transparencia, y para que haya transparencia hay que rendir cuentas, tanto quienes dirigen las empresas como los colectivos laborales.
Estos procesos de rendición de cuentas exigen a su vez —sumó— que haya transparencia en la información económica, en las decisiones que se toman. Cuando articulamos estos tres tipos de espacio (para el debate, para la implementación y para la rendición de cuentas) en una empresa, entonces sí hay participación.
Sobre el Artículo 21 de la Constitución de la República, donde se establece que el «Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo económico y social», Díaz-Canel argumentó que en el sistema empresarial estatal aún es insuficiente la promoción y utilización de la investigación científica y la innovación para solucionar los problemas.
El primero que tiene que defender la ciencia y la innovación y la política que existe sobre este asunto en una empresa es su director. Tener una cultura de innovación implica en primer lugar saber qué fuerza calificada hay en la entidad para hacerla, entre ellas los jóvenes, que vienen bien formados y con muchos deseos, pero a veces, por el tratamiento que les damos, se nos van de la empresa.
Lo segundo es crear un consejo técnico-asesor, y que tenga autonomía, que ponga las contradicciones que hay en la empresa sobre la mesa y que proponga, pero para eso hay que tener en ellos personas osadas, personas «incómodas» —como se dice—, personas que me cuestionen como director de empresa, no «que estén diciendo sí» a todo lo que yo digo.
La investigación y la innovación en una empresa también requieren ponerle financiamiento a esa actividad, que es la que nos dará muchas soluciones, señaló el Primer Secretario.
Con respecto al Artículo 27 de la Carta Magna, donde se fija que la «empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales», Díaz-Canel les pidió hacer un análisis de cómo se cumplen estos preceptos en sus empresas.
Refiriéndose al concepto de «responsabilidad social» y a propósito de la transformación que se está realizando en los barrios, protagonizada por sus propios habitantes con apoyo de las entidades, subrayó que ninguna empresa puede estar ajena a los problemas que existen en los barrios donde están ubicadas.
¿Se puede estar ajeno cuando muchos de los trabajadores que hay en una empresa pueden vivir en esos barrios o cerca de ellos o en otros que también tienen iguales problemas, y cuando muchos de tus trabajadores pueden tener vulnerabilidades? ¿Se puede estar ajeno a esos problemas cuando la empresa puede apoyar a esa comunidad sin violar nada de lo establecido, previendo en los presupuestos acciones que pueden mejorar esa comunidad?, se preguntó Díaz-Canel. La empresa estatal también está representando al Estado cubano en ese lugar, definió.
Con respecto al precepto constitucional de que «la empresa estatal socialista desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios», se preguntó en qué punto está cada cual en el cumplimiento del Artículo 27 —independientemente de las limitaciones—, cuando en el país hay un gran desabastecimiento de bienes y servicios para la población
Abordando la cuestión de la autonomía de la empresa estatal socialista, otro mandato constitucional, señaló que se han adoptado decisiones para favorecerla; sin embargo, todavía tenemos elementos de autonomía que están quebrados porque aún no hay una adecuada relación organismos de la administración central del Estado (OACE)/organizaciones superiores de administración empresarial (OSDE)/empresas, pero también —dijo— porque hay empresas que no están aprovechando la autonomía que se les ha dado y siguen esperando orientaciones de «arriba».
En el inicio de su intervención de clausura del encuentro con el empresariado del sistema estatal, Díaz-Canel recordó que ya se habían sistematizado trimestralmente en otros formatos, pero ahora se realizarán, como mínimo, de forma mensual, en diferentes composiciones y temas.
Si estamos hablando sobre el principal actor de la economía —dijo—, todo lo que podamos discutir, todo el consenso que podamos construir con la experiencia de todos, con las opiniones de todos, es muy útil y necesario para poder tomar decisiones que permitan avanzar en el objetivo de seguir transformando, consolidando y fortaleciendo el sector empresarial estatal.
Potenciar la empresa estatal como actor fundamental de nuestro modelo económico-social socialista —agregó— no es una definición únicamente económica, es una definición política, es potenciar el papel que tiene que jugar un actor que representa una parte importante del concepto de propiedad estatal socialista sobre los principales medios de producción.
«Si no desarrollamos la empresa estatal socialista —definió Díaz-Canel— no estamos construyendo el socialismo».