Por Tairis Montano Ajete
A partir del 25 de febrero de 2026, una nueva disposición jurídica autoriza a emprendedores, cooperativas y pequeñas empresas a ofrecer servicios de cuidado para personas mayores y en situación de discapacidad.
El objetivo es ampliar las opciones de atención más allá de las que ya brinda el Estado, creando una red privada regulada que complemente la pública. Así lo explicó Pedro Ortelas Valdés, especialista principal del grupo Sandino de la Empresa de Asuntos Legales en Pinar del Río.
La norma permite que actores no estatales gestionen residencias de cuidado, que podrán ser de tres tipos: de día, para atención durante la jornada; permanentes, donde la persona vive a tiempo completo; y mixtas, que combinan ambos servicios. Estos centros deberán reservar al menos el 10% de sus plazas para personas de interés social, es decir, aquellas en situación de vulnerabilidad económica. En estos casos, el precio será equivalente al de los centros estatales y, si la persona no puede pagar, la Asistencia Social podrá cubrir el costo total o parcial.
Para abrir uno de estos centros, los prestadores deberán contar con una certificación del Director de Salud del municipio. Tanto los propietarios como el personal de cuidado tendrán que pasar por una capacitación obligatoria y ser acreditados oficialmente. Además, el gobierno ofrece incentivos para fomentar la creación de estos servicios, como la exención del pago de alquiler durante los primeros dos años —prorrogable a tres— si el local pertenece al Estado, y la posibilidad de acceder a beneficios fiscales.
El Ministerio de Salud Pública será el encargado de establecer las reglas de funcionamiento, controlar la calidad y garantizar la atención médica de los beneficiarios. Por su parte, las Direcciones de Trabajo y Seguridad Social municipales identificarán a las personas vulnerables que podrán optar por las plazas de interés social. Los gobiernos locales tendrán la responsabilidad de promover la creación de estos centros, identificando locales adecuados y emprendedores interesados.
Ortelas Valdés acotó que la regulación busca fortalecer la red de cuidados en Cuba, asegurando que una parte de los servicios privados beneficie directamente a las personas más vulnerables, mientras se ofrecen incentivos a quienes decidan emprender en este sector.
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