Por Tahiris Montano Ajete
La Ley 167 no es solo un número en el vasto entramado de normas y decretos; es un puente tendido entre el ciudadano y las instituciones, un diálogo que busca escuchar, atender y resolver. Es la materialización de un principio fundamental: que la voz de la gente no se pierda en el vacío, sino que encuentre eco en los pasillos del poder.
Según Pedro Ortela Valdés, especialista principal de la Consultoría Jurídica en Sandino, este sistema de atención a quejas y peticiones no es solo un mecanismo administrativo; es una promesa de que cada inquietud, cada reclamo, cada sueño frustrado o esperanza postergada, tiene un espacio para ser escuchado. Es como si la ley dijera: «Aquí estoy, no para imponer, sino para servir; no para silenciar, sino para amplificar las voces que claman por justicia, por solución, por un mañana mejor».
En un mundo donde a veces parece que las instituciones están lejos, distantes, la Ley 167 acerca, humaniza y conecta. Es un recordatorio de que el Estado no es una entidad abstracta, sino un conjunto de personas al servicio de otras personas. Y en ese acercamiento, en esa gestión más efectiva y eficiente, hay un acto de respeto hacia la dignidad de cada individuo, hacia su derecho a ser escuchado y atendido.
Pero esta ley no es solo un logro; es un desafío. Un desafío para las instituciones, que deben ser ágiles, transparentes y empáticas. Y un desafío para la ciudadanía, que debe confiar, participar y exigir, porque las leyes no son letra muerta, sino herramientas vivas que cobran sentido cuando las usamos.
La Ley 167, entonces, es más que un marco legal; es un compromiso con la democracia, con la equidad, con la construcción de un país donde nadie se sienta invisible. Es un paso hacia adelante, un faro que ilumina el camino hacia una sociedad más justa, más humana, más cercana.
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